La revisión catastral iniciada en 2007 en Cunit (Baix Penedès) ha entrado en un callejón sin salida, por la anulación de la concesión para hacer esa revisión que el Ayuntamiento, gobernado por el PSC y el PP, realizó a la empresa Auxiliar de Recaudación, SL.

La adjudicación de los trabajos de revisión del censo a esa empresa tuvo un coste de casi un millón de euros, y fue realizada sin la necesaria convocatoria de un concurso público. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cunit llevó la documentación a la fiscalía.

Esta federación presentó 2.500 alegaciones, y afirmó que la revisión fue "ilegal". Según portavoces de los vecinos, los trabajos hubieran costado menos de 200.000 euros si se hubieran encargado a la gerencia del catastro. Finalmente, un juzgado de Tarragona ha declarado nula la adjudicación de los trabajos de la revisión.

La revisión del catastro ha supuesto un incremento del 45% en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que llegará hasta el 72% en el trienio 2012-2015. Los vecinos consideran que las tasaciones que se han hecho son excesivas, y además piden que se devuelva al Ayuntamiento el importe de la adjudicación de los trabajos.

Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que ya reconoció el "error administrativo" de la adjudicación, que aceptó lo solicitado en la demanda que pedía la nulidad y que el pleno municipal anuló el contrato.

También ha señalado que "está colaborando con total predisposición, aportando la documentación necesaria" en este procedimiento y en las gestiones que realiza la Sindicatura de Cuentas.

La alcaldesa, Judith Alberich, del PSC, ha hecho declaraciones sobre el conflicto a diversos medios, en las que también ha aceptado  que la revisión del catastro "se hizo mal".

También se ha referido a las dificultades para anular los trabajos realizados hasta ahora, afirmando que "hasta dentro de cinco años, legalmente, no podemos volver atrás, y si se demuestra que las fincas están mal valoradas y todavía soy alcaldesa, lo revisaremos".