La Generalitat pone en marcha este lunes una campaña de inspección de la ley de política lingüística en el sector de la hostelería. En caso de incumplimiento de la normativa, que obliga a rotular y a poder atender en catalán, se levantará un acta informativa que, pasados tres meses, se podría convertir en sanción.

El director general de Turismo de la Generalitat, Joan Carles Vilalta, ha recordado que la ley de política lingüística deja muy claros los derechos de los clientes cuando son atendidos en un establecimiento que se encuentre en territorio catalán.

La normativa vigente obliga a los establecimientos abiertos al público a tener como mínimo una persona que entienda el catalán, aunque no tiene ninguna obligación de hablarlo. Los comercios, hoteles, bares, restaurantes y otros servicios también tienen que rotular en esta lengua y a tener en catalán cartas del menú y hojas de reclamaciones.
                 
El sector que concentra más quejas de los consumidores relacionadas con los derechos lingüísticos es el de la hostelería. En un año, en 2008, se han presentado 1.500 denuncias. Para tratar de dar la vuelta a esta situación, la dirección general de Turismo empieza este lunes la campaña de inspecciones que, de momento, sólo será informativa y afectará "zonas de alta afluencia turística".

Los establecimientos que incumplan la normativa podrán contar con programas públicos de traducción de cartas, ayudas y subvenciones a la rotulación para mejorar la calidad en los servicios, y tendrán tres meses adaptarse. Pasado este tiempo podrían ser sancionados.