El pleno del Parlamento ha designado este jueves al magistrado Daniel de Alfonso como nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), en sustitución de David Martínez Madero, fallecido repentinamente el pasado enero. Durante la designación, tanto el diputado de Solidaritat Alfons López Tena, como el diputado de Ciutadans, Albert Rivera, han recordado que uno de los directores de área de la OAC está imputado por la Justicia.

López Tena ha comenzado su discurso anunciando que su grupo votaría en contra del nombramiento de De Alfonso "por varias razones". "Porque dentro de esta oficina anticorrupción, los tres directores de área, y a ello no se refirió en absoluto en su proyecto de actuación, son tres personas vinculadas al Partido Socialista sin que se haya dado ningún tipo de explicación al respecto", ha dicho.

Además, ha recordado, "uno de ellos, sobre todo, que es el tema más grave, que es el señor Carles Quílez, fue imputado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona por delito de cohecho y de corrupción en un caso de narcotráfico ".

Por su parte, Rivera ha comentado que "en la Oficina Antifraude y los trabajadores de la Oficina Antifraude, y así nos consta, hay preocupación porque una oficina que lucha contra el fraude tiene a personas imputadas precisamente por cuestiones de corrupción y eso es inadmisible en unas circunstancias de este tipo".

"Por lo tanto, también pedimos desde aquí, hacemos constar en sede parlamentaria que queremos y nos gustaría como grupo parlamentario que la Oficina Antifraude fuera ejemplo de este tipo de actuaciones", ha añadido el diputado de Ciutadans.

Precisamente, Quilez demandó a Catalunya Ràdio, que adelantó la noticia de su imputación el pasado 21 de octubre, y a e-notícies, que la recogió. El periodista reclamaba una indemnización de 120.000 euros por "daños y perjuicios" y explicaba que la noticia le provocó "trastornos incluso psíquicos que le obligaron a tener que ser tratado" y afirmaba que "nunca he sido imputado". Sin embargo, dos semanas después de presentar la demanda, el juez titular de instrucción número 1 de Barcelona acabó imputándolo.