La dirección del PSC ha dejado de momento al margen de las medidas disciplinarias a dos militantes socialistas que también salen en la interlocutoria del juez Baltasar Garzón, pero sobre los que no pesan ahora por ahora ninguna imputación judicial: el director del Incasòl, Emili Mas, y el exregidor de Sant Andreu de Llavaneres, Antonio Jiménez.

El portavoz del partido, Miquel Iceta, ha recordado que la ejecutiva puede tomar acuerdos que si hay "una imputación judicial y no cuando uno se mencionat en un auto judicial", pero ha advertido que "el PSC actuará igual cuando se produzcan otras cosas" y que "la militància en el partido es incompatible con determinados delitos".

El juez Garzón considea que "entre los días 16 de abril y 29 de abril de 2009 se tuvo conocimiento de la posible emisión de facturas por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma con el fin de justificar el empleo de unos Fondos Europeos. Las conversaciones se produjeron entre Luis Andrés, Bartolomé Muñoz (Alcalde), Pascual Vela (Director de Servicios Municipales), Manuel Dobarco (concejal y presidente de GRAMEPARK) y Emili Más Margarit (Gerente del Instituto Catalán del Suelo)".

También afirma que Luis García "tiene estrecha relación con Antonio Jiménez Gómez que fue Regidor de Urbanismo en San Andrés de Llavaneras cuando se desarrolló la operación Niesma. En la actualidad mantiene una fluida relación con el mismo en el que tratan cuestiones relativas al proyecto del Mercado del Fondo de Santa Coloma de Gramanet, cuya construcción (edificio singular de tres plantas) fue aprobado por el Ayuntamiento el 18.10.2007".

El Incasòl, que depende del conseller Nadal, afirmó el domingo en un comunicado que "de la estricta lectura del auto del juez de la Audiencia Nacional no se desprende ninguna acusación hacia el Sr. Emili Mas, gerente del Institut Català del Sòl". 'El País' informa por su parte este lunes que el mencionado Antonio Jiménez fue también director del área de política territorial del Ayuntamiento de Montcada y Reixac entre el 2003 y el 2006 y que, como tal, impulsó el traslado de la fábrica de pinturas Valentine del centro a un polígono industrial previa modificación del Plano General Metropolitano. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado además nula la requalificació con dos sentencias del pasado más de mayo y de julio.