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El Parlament evalúa la idoneidad de los nuevos candidatos al Consejo Garantías Estatutarias

Aprobado general

Ridao y Jaume, este lunes en el Parlament

Los candidatos a nuevos miembros del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), Joan Ridao y Carles Jaume, propuestos por ERC y el PPC respectivamente, han comparecido esta mañana ante la comisión de asuntos institucionales para que los grupos en valorasen la idoneidad para el cargo, antes de que el pleno designe este miércoles a tres nuevos consejeros de esta institución.

Hay dos candidatos más, Àlex Bas, propuesto por CiU, y Antonia Agulló, propuesta por el PSC, que no han tenido que comparecer porque ya forman parte del consejo y se sometieron a la evaluación de la comisión el 13 de julio de 2009 .

El pleno deberá designar el miércoles a tres miembros del consejo. Corresponde al Parlament cubrir, por una parte, la vacante de Julio Añoveros, propuesto por el PPC y que renunció al cargo en mayo de 2012, y, por otra, las plazas de los consejeros Àlex Bas y Antonia Agulló, en el marco de la renovación parcial que debe hacerse cada tres años.

El nombramiento por el Parlament requiere el apoyo de tres quintas partes de la cámara, es decir, de un mínimo de ochenta y un diputados. Ridao y Jaume han presentando sus candidaturas ante la comisión de asuntos institucionales, que preside Sergi Sabrià, y en representación de los grupos parlamentarios han intervenido David Bonvehí (CiU), Marta Rovira (ERC), Jaume Collboni (PSC), Pere Calbó ( PPC), Jaume Bosch (ICV-EUiA), Jordi Cañas (C 's) y Quim Arrufat (CUP).

La sesión ha sido seguida desde los asientos del público por el presidente, el vicepresidente y el secretario del consejo, Eliseo Aja, Joan Egea y Jaume Vernet respectivamente.

Hecha la comparecencia, los grupos disponen ahora de dos días para formular observaciones no vinculantes sobre la idoneidad de los candidatos en relación con la naturaleza del cargo, el currículum profesional y los proyectos de actuación.

Àlex Bas, miembro del consejo desde noviembre de 2009, es licenciado y doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); ha sido director de los gabinetes jurídicos de los departamentos de gobernación, justicia e interior (1996-2003), asesor jurídico del grupo parlamentario de CiU, vocal de la comisión mixta de transferencias Estado-Generalitat (2007-2009) y del Consejo para el Impulso y el Seguimiento del Despliegue del Estatuto (2007-2009), y ha participado en varios proyectos de investigación en el ámbito del derecho.

Joan Ridao es doctor en ciencia política y de la administración por la Universidad de Barcelona (UB) y licenciado en Derecho por la UAB; ha sido diputado en el Parlament de la V a la VIII legislaturas y ponente del estatuto; diputado en el Congreso español la IX legislatura; miembro de la comisión mixta de transferencias Estado-Generalitat (2004-2009), de la comisión bilateral Generalitat-Estado (2009) y del Consejo para el Impulso y el Seguimiento del Despliegue del Estatuto (2006 -actualidad), también ha sido abogado y consultor en cuenta propia, y especialmente en los últimos años, ha desarrollado una labor docente y de investigación.

Antonia Agulló es catedrática de derecho financiero y tributario por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y licenciada y doctora en esta especialidad por la Universidad de Valencia; ha sido presidenta del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona (2003-2006) y decana de la facultad de derecho de la UPF (2004-2006), es miembro del consejo desde 2009, y antes lo fue del Consejo Consultivo (2006-2009); ha participado en diversos proyectos de investigación y desarrollo, y ha dirigido varias tesis doctorales.

Carlos Jaume es licenciado en Derecho por la UB y diplomado en derecho civil de Catalunya; actualmente es el subdelegado del Govern en Girona, es abogado y ha desarrollado su trayectoria profesional mayoritariamente en el ámbito de las administraciones públicas, tarea que ha compaginado con la actividad docente; ha sido asesor jurídico del grupo parlamentario del PPC y de diversos departamentos del gobierno. También miembro de la comisión mixta de transferencias Estado-Generalitat.

El CGE es la institución que vela por que las disposiciones de la Generalitat se adecuen al estatuto y la constitución española, y también dictamina previamente a la interposición ante el Tribunal Constitucional de recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia o recursos en defensa de la autonomía local.

Lo integran nueve miembros, que deben ser juristas de competencia y prestigio reconocidos con más de quince años de experiencia profesional. Son nombrados por el presidente de la Generalitat, seis a propuesta del Parlamento y tres a propuesta del gobierno, uno de los cuales a partir de una terna propuesta por el Consejo de Gobiernos Locales. Son nombrados por un período máximo de nueve años. El consejo se renueva por tercios cada tres años, y en cada renovación el Parlamento designará dos nuevos miembros, y el gobierno, uno.

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