Los abogados de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado sus escritos de revisión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O tras la reforma del Código Penal y piden la declaración de falta de responsabilidad penal y la revocación de todas las penas.
Los dirigentes republicanos exigen la declaración de falta de responsabilidad penal absoluta. El equipo legal defiende que la celebración del referendo del 1 de Octubre no puede comportar ningún delito ya que la ilegalidad de los referendos fue despenalizada en 2005.
Los abogados aseguran que, "en el ejercicio democrático de otoño de 2017, no puede haber sedición, ni desórdenes públicos, ni actuación alguna sobre el patrimonio público que implique una transgresión de normas penales".
También remarcan que la sedición "ha desaparecido, sin ningún sustituto en el Código Penal" y que, por tanto, no puede comportar responsabilidad penal de ningún tipo. Se trataba de "un delito predemocrático" que, como señalan en el texto, "en demasiadas ocasiones" se había aplicado en acciones "de ejercicio de derechos fundamentales".
Así, los republicanos inciden en que es el propio legislador quien se emplaza a “atender las pautas de actuación de organismos internacionales” en lo que se refiere al “respeto a los derechos fundamentales como límite de actuación de los poderes públicos”.
El equipo legal constata que los hechos del juicio del proceso no constituyen desórdenes públicos. Lo hace después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado hayan puesto sobre la mesa esta posibilidad contra el auto de Llarena, que él mismo excluyó.
