La Junta Electoral Central (JEC) ha dado cinco días a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para que ejecute la resolución del pasado 20 de enero en la que ordena la retirada del escaño del cupero Pau Juvillà. La JEC, además, avisó a Borràs de que incurrirá en "consecuencias jurídicas" si no lo hace.
La JEC ha dado la razón a Ciutadans y ha denegado la petición de medidas cautelares del secretario tercero de la Mesa, por lo que reclama que se dé cumplimiento de su acuerdo del 20 de enero por el que pedía la retirada del acta.
El Parlament aprobó el martes presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en defensa de Juvillà, al igual que lo hizo él, para intentar blindar su escaño hasta que haya sentencia firme, pero la JEC dice que su dictamen es firme.
"Cabe recordar que las resoluciones de la Administración Electoral son ejecutivas desde que adquieren firmeza, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptar los órganos jurisdiccionales competentes en el ejercicio de sus potestades, y que el incumplimiento de esas resoluciones puede dar lugar a las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente", sentencia.
