La portavoz del Govern, Mertixell Budó, ha reclamado al Tribunal Supremo que no amenace los funcionarios de prisiones y en las juntas de tratamiento, que hoy decidirán sobre si los presos independentistas y demás presos en segundo grado o con el 100.2 podrán hacer el confinamiento a sus casas.
Budó ha pedido que "se deje trabajar a los funcionarios de prisiones y en las juntas de tratamiento sin presiones, ni coacciones, ni amenazas". "Cuando tengan su trabajo hecho y s'haigi de comunicar el resul, el Departamento de Justicia lo comunicará", ha concluido.
La consellera de la Presidencia lo ha dicho dos días después de que el Supremo advirtiera que tomar esta decisión podría ser constitutivo de un delito de prevaricación y aseguró que se "dirigirá a cada una de estas juntas de régimen general y al director / directora de los centros respectivos para que el más bien expliquen el fundamento jurídico que justifica esta decisión".
