El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha culpado al Estado español de los desahucios que se produzcan a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina algunos artículos del decreto ley 17/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda social. "El Estado español contra las familias vulnerables y contra la gente", ha remachado.
Calvet ha dicho que "ha llegado el día en que el Estado ha ido en contra de las personas y familias más vulnerables", dado que la anulación, "ya está teniendo un efecto inmediato y directo: más de 3.000 personas y familias que estaban esperando obtener un alquiler social obligatorio para evitar su desahucio se encuentran ahora que los grandes tenedores les están negando".
En estos momentos, hay 3.383 familias que se encuentran en diferentes fases de gestión del alquiler social a que podían optar según el Decreto Ley, "y que ahora se ponen en riesgo". La sentencia, pues, "es un ataque al escudo social que en Cataluña hemos ido creando".
El titular de Territorio y Sostenibilidad ha criticado que "el Constitucional tiene una doble vara de medir: anula la norma de Generalitat por una cuestión puramente formal, que es la vía del Decreto Ley, cuando el Estado lo utiliza de forma sistemática para regular cuestiones de vivienda". Para Calvet, la solución pasa por que los grupos políticos impulsen una proposición de ley, con el mismo contenido que el Decreto Ley, "en cuanto se constituya el nuevo Parlament, y que se tramite rápidamente".
El consejero también ha querido criticar la "pasividad" del Gobierno español, porque "tuvo la opción de firmar un acuerdo bilateral con la Generalitat sobre esta materia, que podía haber evitado una parte de los efectos del recurso, y prefirió esperar a que la sentencia les hiciera el trabajo sucio".
Finalmente, Damià Calvet ha recordado que "el Estado, que aún dispone de plazo legal para recurrir el Decreto, ya nos ha anunciado la posibilidad de recorrer un nuevo artículo, yendo así incluso más allá del recurso del PP. Espero que no haya ninguna impugnación por parte del Gobierno central en los próximos días".
