La Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno español que se abstenga de enviar requerimientos "vulneradores" de la autonomía de esta comunidad y de "sus competencias" y ha defendido que tiene "plena autonomía para aprobar cualquiera protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación" sobre la atención sanitaria a las personas embarazadas.
El gobierno autonómico, del PP y Vox, ha emitido un comunicado después de que el Ministerio de Sanidad le haya requerido formalmente para que se abstenga de aprobar o aplicar "ninguna medida que vulnere o socave" la normativa estatal sobre el derecho al aborto y que, en caso que ya se hayan puesto en marcha, ponga fin "inmediatamente".
El requerimiento ha llegado este domingo después de que desde Valladolid se anunciaran cambios en los procedimientos de aborto, como obligar a las embarazadas a escuchar el latido del corazón del feto y verlo en una ecografía 4D. Moncloa considera que estas medidas "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales" y "se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma". De hecho, el Ejecutivo estatal ha explicado que está coordinando, a través de varios ministerios, una respuesta a la situación.
La Junta ha respondido este mismo domingo al requerimiento asegurando que tiene competencias "en materia de sanidad" y que éstas están "recogidas en el Estatut" y defiende que las medidas anunciadas son "políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia".
Además, plantea la posibilidad de actuaciones jurídicas al considerar que "las acciones anunciadas por el gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico". "El gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma", esgrime la respuesta.
Asimismo, el gobierno autonómico destaca que no tiene ninguna obligación de comunicar a ningún ministerio "protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias" y defiende que las medidas que ha tomado pretenden fomentar la natalidad con "respeto absoluto a la ley, a la libertad ya los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios". "Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo", concluye.
