La financiación está tensando la cuerda entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el conseller de Economía, Antoni Castells, que lleva el peso de las negociaciones. En la reunión del Consejo de Govern del martes pasado, por ejemplo, el presidente preguntó sobre la marcha de las conversaciones y Castells contestó con uno "eso preguntaselo a La Vanguardia", según ha sabido e-notícies. El titular de Economía hacía visible así su malestar después de la información publicada por este diario el viernes anterior que situaba la oferta del Govern en 1.400 millones.
El enfado del conseller vendía dado también porque la noticia aseguraba que las dos partes "se han fijado un plazo aproximado de dos semanas para intentar cerrar un acuerdo". El plazo acabaría, pues, el próximo viernes sin que hoy por hoy haya habido ningún avance sustancial. El conseller de Economía, según las fuentes consultadas, considera que la filtración salió de Presidencia.
La negociación de la financiación está desgastando políticamente a Castells -considerado próximo a Maragall- que ha tenido que sufrir diversos traspiés. El último el jueves pasado cuando el conseller de Interior, Joan Saura, reveló por sorpresa en una rueda de prensa sobre la carga policial de los Mossos que la oferta del Gobierno español sólo llegaba a 1.200 millones. Justo media hora antes, Castells había protagonizado un off the record en los pasadizos de la cámara sin adelantar la cifra.
Dos días antes, la consejera de Trabajo, Mar Serna, en funciones de portavoz, también declaró que "no es bueno poner una fecha como plazo". Serna desautorizó así a su compañero de Govern que, en declaraciones a Rac-1 el día anterior, había manifestado que si no hay acuerdo "en las próximas semanas" había que suspender las negociaciones.
El titular de Economía ha recibido también desde Madrid cuando, después de una rueda de prensa de Consejo de Ministros, la vicrepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acusó a Castells de "no ayudar" con su actitud. Curiosamente, el único conseller que salió en su defensa al día siguiente fue el vicepresidente, Josep-Lluís Carod-Rovira. La consejera de Trabajo, Mar Serna, en una rueda de prensa de Govern, no lo hizo hasta cinco días después.
