Convergència i Unió votó el 7 de marzo de 2002 a favor de la ley que permite al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hacer escuchas a través de una petición al Magistrado del Tribunal Supremo competente, según ha recordado el abogado Pere Ll. Huguet Tous.
El entonces diputado en el Congreso de CiU Ramon Companys Sanfeliu aseguró, en el pleno donde se votó la ley, que "los servicios de inteligencia son elementos básicos de la seguridad en todos los Estados".
Ramon Companys expuso que "nuestro grupo cotará a favor de las enmiendas que hemos presentado y también lo hará a favor de las enmiendas de otras formaciones políticas que hagan referencia a una mayor colaboración de las comunidades autónomas. Optaremos por el abstención a las demás, pero en todo caso, señor ministro, votaremos a favor del conjunto de la ley".
El exdiputado de CiU afirmó que "nuestro grupo parlamentario se felicita de que el Gobierno español proponga elevar al rango de ley la creación de los nuevos servicios de inteligencia y habilite un sistema que, acorde con la constitución, permita un control judicial".
Pese a las presiones del independentismo en el Gobierno español por el caso de espionaje a los líderes independentistas, se trataría de una acción legal que fue apoyada en su día por CiU. El artículo expone que "el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones".
