El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, reclamó ayer, coincidiendo con el día de la Constitución, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años con el mandato caducado; aunque en Cataluña hay una veintena de organismos públicos que tienen cargos pendientes de renovar desde hace más tiempo que el Poder Judicial.
Algunos llevan así más de seis años, desde 2015, como es el caso de la mitad de los consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir, el órgano de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio. El Parlament también tiene pendiente escoger a los 16 miembros del consejo asesor de contenidos y programación de la CCMA.
La renovación en los medios públicos es la que acumula más retraso, pero la lista de organismos bloqueados afecta a otros entes públicos como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias y el Consejo del Audiovisual de Cataluña, con todos sus miembros con el mandato caducado -sólo cuenta con tres miembros, cuando por ley debería tener cinco-.
Rafael Ribó acumula diecisiete años y medio como Síndic de Greuges de Catalunya, un cargo por el que fue elegido en junio de 2004. El 1 de marzo de 2010 fue renovado, ya bajo la nueva ley del Síndic, que establece mandatos de nueve años y demanda el voto favorable de tres quintas partes de la cámara catalana. Su mandato, por tanto, debería haberse terminado el 1 de marzo de 2019, de modo que se acerca a los tres años de interinidad y ejerciendo en funciones.
Aunque estos son los más conocidos, existen una veintena más de organismos que tienen miembros con el mandato caducado y pendientes de renovación. Encontramos en esta situación la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el consejo asesor de Radio Televisión Española (RTVE) en Cataluña -13 miembros-, el consejo asesor del Instituto Catalán de Finanzas -6 miembros-, los nueve consejos sociales de las universidades públicas o la Comisión de Control de las Consultas Populares No Referendarias, el Consejo Fiscal de Cataluña, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Consejo Superior de la Cooperación.
