El abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha aseguró que “el Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados” y por eso les imputa el delito de prevaricación. “No es lo mismo que el Tribunal, en el mejor de los supuestos para la acusación, condene a ocho meses de inhabilitación que condene a diez años de inhabilitación”, ha asegurado Pina.
“Ninguna otra consideración puedo entender de la imputación del delito de prevaricación. Más allá de la injusticia de la imputación”, ha concluido la defensa de Irene Rigau, quien ha remachado que “este proceso es un traje a medida para nuestros clientes”.
Jordi Pina ha argumentado que las decisiones y orden del Tribunal Constitucional “son declarativas no ejecutivas”, según la ley orgánica del TC vigente en 2014. De este modo, el abogado de la ex consellera de Educación ha asegurado que “no hay hubo desobediencia”. “Yo quiero que se absuelva mi clienta”, ha sentenciado.
Pina ha comenzado su intervención asegurando que “muy mal hemos empezado el juicio esta mañana si el garante de la legalidad comienza justificando sus actos”. “Es la primera vez que el Ministerio fiscal se excusa por sus comportamientos. Creo que todos nos debe hacer reflexionar”, ha añadido para concluir que “esto no hace más que alimentar las dudas y las posibles injerencias del gobierno español”.
