El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inhabilitado el consejero de Exteriores, Bernat Solé, por desobediencia a raíz de su participación en el referéndum del 1 de octubre como alcalde de Agramunt. El tribunal le ha condenado a un año de inhabilitación y a 16.800 euros de multa por "desobediencia grave".
La sentencia remarca que Solé "conoció, mediante la notificación personal que fue objeto -también mediante la publicación en el BOE-, lo que el TC le ordenaba y le prohibía hacer en relación con la votación del 01 de octubre 2017 en el término municipal de Agramunt "y añade que "también conocía el efecto vinculante de este requerimiento y las eventuales consecuencias penales derivadas de su incumplimiento".
También recoge que "no sólo permitió que el día 25 de septiembre de 2017 se utilizara, por una entidad denominada Esquerra per la Independència, el local propiedad del municipio de Agramunt situado en el núm. 75 de la Plaza del Mercadal, destinado el Casal Agramunt y gestionado por el propio Ayuntamiento, para la celebración de un acto público o conferencia destinada a promover la participación ciudadana en el referéndum ilegal del 1 de octubre 2017, sino que se prestó a participar como orador, con otras dos personas, en su calidad de alcalde de esta localidad, además de la de Diputado de Parlament de Cataluña, aprovechando la ocasión para alentar públicamente a los oyentes a ir a votar el día 01 de octubre 2017".
Finalmente, expone que "el mismo día del referéndum ilegal tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin, personándose desde el primer momento en el centro de votación y asumiendo de forma intermitente durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores".
Entre estas tareas, el tribunal destaca que "procuró puntualmente las noticias autorizadas que le llegaban a él desde otros ayuntamientos vecinos" sobre la actuación de Policía y Guardia Civil en la comarca del Urgell, estuvo "colaborando decisivamente en la toma de decisiones capitales, como la de esconder en un lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior" y en "adelantar la hora de cierre de la votación" ante la posibilidad de que se personaran la Policía o la Guardia Civil.