El Gobierno español considera que el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los presos parte de un planteamiento "erróneo", que es presumir que los líderes políticos independentistas fueron procesados "por expresar sus ideas".
Este "prejuicio", afirma el Ejecutivo, "contamina todo el texto". "Se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general del Gobierno de España", sentencia. Por otra parte destaca que el informe del relator Boriss Clievics "admite" que la reacción de la Administración de Justicia de España "en defensa de la legalidad vulnerada" tuvo lugar "dentro de los parámetros de un Estado de Derecho".
Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez señala que el borrador de conclusiones "reconoce" que los políticos independentistas "actuaron al margen de la Constitución y la legalidad" y "avala" la actuación de España en el caso.
