El Gobierno español ha desactivado, según informa El Mundo, la causa del Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat del procés y ha renunciado a recuperar los 9,5 millones que presuntamente se malversaron con el referèndum ilegal del 1-O y las delegaciones de la Generalitat.
Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que "la Generalitat de Cataluña es la única administración legitimada para formular demanda" y justifica así la decisión de la Abogacía General del Estado de no solicitar personarse en el caso e instar a la devolución del dinero, porque "los fondos en cuestión eran de la Administración autonómica".
El pasado martes del Tribunal de Cuentas comunicó que "continúan personados en la causa los que ya lo estaban hasta ahora, esto es: Sociedad Civil Catalana, asociación cívica y cultural, el Ministerio Fiscal y los presuntos responsables contables".
En el próximo trámite procesal, se emplazará durante 20 días para que puedan demandar todas las partes legitimadas para ello, que sería la última ventana para que la Generalitat o la Abogacía del Estado intentaran demandar para recuperar el dinero pero todo indica que dejaran vencer el terminio y no presentarán demanda.
