La portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, afirmó que el Ejecutivo "garantizará el derecho a voto" las elecciones generales del 10de novembdre. Sin embargo, también ha dicho que el Ejecutivo garantizará "el derecho a manifestación" de Tsunami Democràtic, que ha convocado una movilización en la jornada de reflexión.
Budó dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que "tenemos que hacer compatible pues que todos tengan el derecho a manifestación y el derecho y el deber de ir a votar". "El objetivo del Gobierno es hacerlo compatible y hacerlo posible", añadió.
Finalmente, la consejera de la Presidencia ha insistido en que "votar es un derecho y como Gobierno tenemos que garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad" y ha hecho un llamamiento a los catalanes "a ir a votar y expresar libremente nuestro futuro político".
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ya advirtió el pasado sábado ante la convocatoria de Tsunami Democràcit de que la policía actuará para prevenir la comisión de "delitos electorales" durante la jornada de reflexión o la electoral del 10-N.
Además subrayó que cualquier acto que "distorsione" la jornada de reflexión de las elecciones generales supondrá una vulneración de "derechos democráticos y constitucionales" del conjunto de la ciudadanía. El artículo 144 de la LOREG establece pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quién realice "actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral".
El delito de alteración del orden del acto electoral se regula en el artículo 147 de la LOREG, y en él se establece que quienes "perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales, serán castigados con la pena de prisión de tres a doce meses o la multa de seis a veinticuatro meses".
