El Gobierno español ha enviado los Presupuestos de la Generalitat para el 2017, que dependen del vicepresidente Oriol Junqueras, al Tribunal Constitucional. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha acordado este viernes presentar el recurso, después de que hace una semana anunciara que llevaría las cuentas a la Abogacía del Estado para que elabore un recurso de inconstitucionalidad.
El recurso plantea la inconstitucionalidad de la disposición adicional 40 -la que hace referencia al compromiso explícito del Govern con el referéndum- así como de las partidas de procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana identificadas.
En caso de que el Govern decidiera seguir adelante con el referéndum, a pesar de la suspensión del Constitucional, podría incurrir en los presuntos delitos de desobediencia, de prevaricación y malversación. Los dos primeros están castigados con penas de inhabilitación y el último de prisión.
Este recurso afectaría a los 5,8 millones de euros que los Presupuestos de la Generalitat de este año destinan al referéndum. En concreto, las cuentas contemplan 5 millones de euros a procesos electorales y 0,8 millones a procesos participativos.
El Parlament aprobó las cuentas en el pleno de la semana pasada, pero el portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, ya advirtió que las cuentas tenían que ajustar a la legalidad y confirmaba que el Gobierno pediría un informe al Consejo de Estado, paso previo para presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando se publicaran los Presupuestos.