El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona contra el exgerente de UDC Josep Maria Núñez y los dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada al partido democristiano. La acusación pública atribuye a 15 personas, entre ellas Núñez, los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa. El juzgado, que aceptó la querella a finales de julio, acordó citar a declarar a los denunciados, aunque todavía no se ha fijado una fecha, según informa El Periódico.
La justicia investigará así los hechos que constaban en la denuncia que la fiscalía presentó a finales de julio, en la que se apuntaba que el entramado de empresas del grupo IMS y de "facturas falsas" creado por los denunciados pudo tener a Unió como "beneficiario a título lucrativo". La querella detallaba que la treintena de empresas de la red, la mayoría con muy poca actividad, se hicieron cargo, a través de dichas facturas fraudulentas, de pagos de servicios prestados a Unió. Esas sociedades se nutrían de dinero traspasado desde la fundación.
El fiscal afirmó que el importe "distraído" con facturas ficticias y préstamos no documentados por la fundación presidida por Josep Boqué Cos hasta el 2007 ascendió a 1,78 millones de euros. Una vez que el dinero llegaba a manos del grupo empresarial, se desconoce cuál era el destino final, ya que volvía a salir en efectivo. Sí pudo comprobarse que el presidente de la fundación recibió 180.000 euros y que otra cantidad se dedicó "al pago de obligaciones contraídas por UDC".
