La Mesa decidió el pasado viernes, a petición del presidente Roger Torrent -lo hizo público jueves- y con los votos de la mayoría independentista, encargar a los letrados una querella por presunta prevaricación contra el juez Pablo Llarena para impedir la investidura de los tres candidatos propuestos hasta ahora: Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull (JxCat). Esta decisión se tomó a pesar de la oposición expresada por los letrados de la cámara.
Ante esta situación, el gobierno español advirtió el sábado que estaba estudiando la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos la Mesa del Parlament por la querella contra el juez del Supremo Pablo Llarena, y lo haría por la vía penal, no a través del Tribunal constitucional.
El presidente español, Mariano Rajoy, ya avisó el viernes que si la querella "la pagaba" el Parlament podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos. También el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que la querella puede constituir "malversación de fondos, a parte de otros delitos".
La querella aún no se ha presentado porque hay discrepancias entre los Letrados de la cámara catalana. Nunca antes el Parlament no había tenido que afrontar una querella penal contra un juez y los letrados, que no son expertos penalistas, están ahora estudiando cómo hacerlo.
Los juristas de la Cámara, que hubieran preferido que la querella se encargara a expertos penalistas externos, no tomarán una decisión hasta que la Mesa no resuelva el recurso que Ciudadanos ha presentado este miércoles contra la decisión aprobada por la Mesa, que cuenta con mayoría independentista.
