El PSOE -ahora en la oposición- ha propuesto que se cobre el IBI de los pisos, garajes, lonjas u otros bienes inmuebles que no estén vinculados al culto pero que figuren a nombre de la Iglesia Católica o de otras confesiones. Pero la verdad es que bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se hizo ninguna modificación al respecto e incluso se aprobó una ley, anunciada en 2006 por la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, gracias a la que la Iglesia Católica recibe más de 13 millones de euros mensuales del Estado.
El BOE del pasado 31 de diciembre publicaba que "durante el año 2012 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados uno y dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007".
"Antes del 30 de noviembre de 2013, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente al 2012, y la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2013. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente", añade.
Los más de 13 millones mensuales son consecuencia del acuerdo entre el gobierno español y la Iglesia, anunciado en septiembre de 2006 por De la Vega. La entonces vicepresidenta hizo público que el porcentaje del IRPF que los ciudadanos pueden hacer a la Iglesia mediante la Declaración de la Renta pasaría del 0,52% al 0,7%. Los obispos, por su parte, reclamaban recibir el 0,8%.
Dos años más tarde del anuncio, la Iglesia se enfrentó al gobierno de Zapatero. El 30 de diciembre de 2007 se organizó una manifestación en Madrid a favor de la familia cristiana y en contra de algunas leyes aprobadas por los socialistas, como el divorcio exprés, la de los matrimonios homosexuales o el inicio del debate sobre el aborto.
A partir de la protesta, las relaciones entre los obispos y el Ejecutivo del PSOE se enfriaron. Incluso la vicepresidenta De la Vega tuvo que comparecer en el Congreso para explicar la situación y acusó a los obispos de "faltar a la verdad" y de "vulnerar el respeto al Congreso".