El Síndic de Greuges de Catalunya ha llevado a la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, y a los relatores competentes en la materia de las Naciones Unidas las detenciones de miembros de los Comités de Defensa de la República. Rafael Ribó ha considerado que acusar a los CDR de rebelión y terrorismo es “desproporcionado” y “contrario a la legalidad”.
El Síndic ha señalado en un comunicado que el objetivo de esta actuación judicial es “criminalizar la protesta y provocar un efecto disuasorio de cara a futuras movilizaciones”. “Las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las normas jurídicas más altas nacionales e internacionales”, ha señalado.
“Las actuaciones perseguidas en este caso por la Audiencia Nacional se deben considerar ‘prima facie’ como expresión de libertades públicas legalmente protegidas”, ha defendido Ribó. El Síndic manifiesta que “si, en el transcurso del ejercicio de estas libertades, se han rebasado los límites constitucionales y estatutarios de los derechos en cuestión y se han cometido actos de desorden público, se deben perseguir penalmente estos hechos con proporción y medida”.
