Los partidos soberanistas aprobaron hace nueve días una resolución parlamentaria que instaba al Gobierno a proclamar “una República catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”, pero casi una semana después los líderes del PDECAT, ERC y la CUP exigen la liberación de los "presos políticos" para que las elecciones autonómicas del 21-D sean “democráticas”.
En este breve espacio de tiempo, el autogobierno de Catalunya ha sido intervenido, el Govern en pleno ha sido cesado, ocho consejeros se encuentran en prisión incondicional acusados de rebelión, sedición y malversación; y el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont, y cuatro de sus ex consejeros están en Bélgica con una orden de búsqueda y captura por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
La misma tarde del 27 de octubre, pocas horas después de la proclamación de la República catalana, el Ejecutivo español aprobó los decretos para aplicar las medidas del artículo 155 de la Constitución que supusieron la destitución de todos los miembros del Gobierno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Puigdemont, junto con cuatro ex consejeros, se fue a Bélgica a principios de semana para “hacer evidente ante el mundo el gran déficit democrático del Estado español”. Mientras tanto, la Audiencia Nacional prestó declaración este jueves a los nueve consejeros cesados que se habían quedado en Barcelona y condenó a prisión por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Todos ingresaron en prisión incondicional sin fianza, salvo Santi Vila que salió este viernes tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Si hace un poco más de una semana el bloque soberanista daba la bienvenida al Estado catalán en forma de república, ahora se pide la amnistía para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Mertixell Borràs, Dolors Bassa y Joaquim Forn; así como para los líderes del ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
“Como presidente legítimo exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente”, aseguró Puigdemont poco después de conocerse la resolución de la jueza Carmen Lamela. También la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reclamado “la libertad de todos los presos políticos” antes del 21-D; y la coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, tildó de "miserable" que “se haya encerrado un gobierno democráticamente elegido”.
