El Tribunal de Cuentas ha ordenado iniciar los trámites para embargar cautelarmente la casa del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, para cubrir los 2,33 millones de fianza que debía abonar por la organización de la consulta del 9-N , según ha avanzado 'El Mundo'.
Junto con Mas, el Tribunal de Cuentas también ha pedido el embargo de la mitad del inmueble del exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, en Taradell (Barcelona), las fincas de la exvicepresidenta, Joana Ortega, en Barcelona; y de la exconsellera de Educación, Irene Rigau, en Ribes de Fresser (Girona). También se ha embargado una propiedad del exalto cargo del Govern Jordi Vilajoana.
De esta manera, los exdirigentes afrontan con sus propiedades la sanción de 5,27 millones de euros que el Tribunal de Cuentas les impuso por los costes del 9-N. El expresidente y los exconsejeros consignaron 2,9 millones de euros en efectivo y depositaron varios inmuebles como garantía para cubrir el total de la fianza.
La juez instructora del caso ha aceptado los domicilios de los investigados como garantía y ahora se notificará al Registro de Propiedades. La medida, sin embargo, no significa que los implicados tengan que abandonar estos inmuebles.