El Tribunal de Cuentas reclama al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, 5,2 millones de euros por la consulta del 9-N y le da un plazo de 15 días para depositarlos. Si no lo hace, el tribunal le embarga las cuentas y el patrimonio. También se sabe que a la exconsellera Irene Rigau le reclama tres millones de euros.
Lo ha dictaminado tras citar a Mas y nueve cargos de su gobierno por un delito de malversación de fondos públicos para la organización del proceso participativo del 9N. Los convocados, entre los que también hay Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, no han ido a Madrid ya que no tenían obligación de comparecer personalmente. Lo han hecho sus abogados, que han presentado alegaciones.
La causa que instruye el Tribunal de Cuentas se inició a raíz de una denuncia a la fiscalía de Sociedad Civil Catalana y de la Asociación de Abogados Catalanes. El vocal de la junta directiva de Sociedad Civil Catalana y abogado de la entidad, Manuel Miró, han estado presentes en la cita de este lunes.
El presidente del ANC, Jordi Sánchez, ha manifestado que "la gravedad de los hechos que promueve gobierno español es absoluta" y consideró que "la fianza de 5.251.948 euros para el 9-N evidencia que sólo sobreviviremos si ganamos". Además, la Asamblea ha publicado las cuentas para hacer ingresos en la caja de solidaridad que las entidades soberanistas han puesto en marcha para hacer frente a las multas.
