ERC también participó en la represión en la retaguardia republicana tras el inicio de la Guerra Civil, según revela un libro publicado por el profesor José Luis Martín Ramos, “Guerra y revolución en Cataluña 936-1939” (Crítica). José Luis Martín Ramos (1948) es historiador, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene numerosos libros publicados sobre este período.
El citado organismo policial, constituido a principios de agosto de 1936, tenía que tener unos 5.000 miembros pero a la postre quedó en 700 repartidos entre diferentes organizaciones presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA) -impulsado por Lluís Companys para contentar a los anarquistas- de acuerdo con una participación proporcional.
El autor da cifras: 325 patrulleros, el 46%, eran de la CNT-FAI; 185, un 26% de ERC “y grupos republicanos afines desde los federales a Acció Catalana Republicana”; 145, un 21% de UGT-PSUC y 45 y el 6% del POUM.
El PSUC y la UGT se retiraron del Cuerpo de Patrullas de Control en enero de 1937, entonces “dos delegaciones vacantes se las repartieron ERC y la CNT-FAI y la tercera quedó en suspenso”. Al frente del organismo parapolicial estaba José Asens, de la CNT, mientras que Donisio Eroles fue jefe de servicios de la Comisaría General de Orden Público entre octubre de 1936 y mayo de 1937.
El libro explica que “el Cuerpo de Patrullas de Control fue un organismo estable, organizado de acuerdo con un reparto político, en el que hasta enero participaron todas las fuerzas políticas y sindicales, a excepción de Estat Català, que había sido excluido de entrada del Comité Central de Milicias Antifascistas” (CCMA).
“La participación republicana -añade- no fue secundaria, sino principal y no sólo cuantitativamente, aunque también hay que decir que en esta cuestión, como en otras, ERC distó de ser monolítica. La orientación política que prevaleció fue la de Artemi Aiguader, quien intentó subordinar todos los agentes represivos a la autoridad republicana y limitar la represión a la justificada por la situación de la guerra, ejercida institucional y legalmente”.
Además hubo casos como el de Josep Soler Arumí, “que mantuvo en el Centro Federal de ERC, situado en el Passeig de Gràca de Barcelona, un grupo represivo propio”. O el de Igualada, “donde el mando de la represión patrullera estuvo en manos de militantes republicanos”.
El investigador explica que “los asesinatos extrajudiciales se concentraron en el verano de 1936” y que “se reactivó en enero y febrero de 1939, los meses de la caída de Catalunya”.
“La violencia -continua- creció a un ritmo acelerado en los últimos días de julio, afectando de una manera particular a colectivos como el religioso, el militar, el de los políticos y personajes de la derecha y los propietarios aunque también a militantes de organizaciones sindicales rivales”.
La violencia revolucionaria, en los primeros días de la guerra, corrió a cargo de “milicianos improvisados de los comités de defensa, de los comités de barriada, de grupos de militantes, también de individuos que actuaron por libre o en beneficio propio”.
Luego, a partir de finales de julio, pasó “a ser organizada por las patrullas constituidas más o menos formalmente a partir de los comités antifascistas, locales y sectoriales, y del Comité de Milicias antifascistas”.
También advierte que los “incontrolados” no eran “desconocidos” y que esta acción “incontrolada pudo verse facilitada por las características propias de la CNT, una organización no jerárquica, dividida en colectivos y corrientes sectoriales o locales”.
El Comité Central de Milicias Antifascistas fue el órgano impulsado por Lluís Companys el 20 de julio de 1936 tras la derrota de la sublevación militar en Barcelona. Estaban presentes, además del gobierno catalán, la CNT-FAI, el PSUC, el POUM y la UGT.
“Una extensa biografía ha repetido, sin ninguna reflexión, la imagen de un Gobierno de la Generalitat aislado en palacio, con una actuación limitada al papel, a la publicación del Butlletí Oficial. No es cierto, ni Companys ni el Gobierno de la Generalitat, en su conjunto, se quedaron paralizados, aunque sus iniciativas estuvieron condicionadas pro su déficit de fuerza coercitiva”, explica el autor.
En cambio, gracias a la Generalitat y a los Mossos d’Esquadra, “se consiguió salvar el recinto del barrio Gótico, la catedral, el Palau del Bisbe y también edificios civiles asociados a la burguesía como el Liceo, la Pedrera o la Casa Cambó”. En su opinión, la violencia indiscriminada se convirtió en “la lacra de la retaguardia catalana”.
