El gobierno municipal de Tarragona, formado por PSC y PP, quiere cesar a la concejal de la CUP Laia Estrada, que recientemente ha sido condenada a tres meses de prisión y a pagar una multa de 2.250 euros en la sentencia del caso Bershka. El gobierno llevará al pleno del próximo lunes el cese de Estrada, a propuesta de la alcaldía, alegando "incompatibilidad" de Estrada.
La CUP de Tarragona ha cargado contra el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, por esta decisión, asegurando que "sólo responde a una vendetta del alcalde y su equipo contra la portavoz de la formación que le ha sentado ante los tribunales por caso Inipro y que ha cuestionado los 'proyectos estrella' del gobierno como los Juegos Mediterráneos o el plan urbanístico de la Budellera".
La CUP cree que hay una "persecución política" del gobierno hacia el partido y acusa a PSC y PP de saltarse "su propia legalidad" por pedir el cese de un cargo electo "cuando éste no ha entrado en prisión". Por todo ello creen que Ballesteros actúa de forma "caciquil, déspota y autoritaria".
Laia Estrada fue condenada por la Audiencia de Tarragona el pasado noviembre, junto con otras dos personas, a tres meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y a pagar una multa conjunta de 2.250 euros por responsabilidad civil.
Fue la sentencia del conocido como 'caso Bershka', que se remonta a enero de 2009, cuando varios activistas hicieron una acción de protesta en el inicio de las rebajas contra varios comercios de la ciudad, denunciando la "presión estética" de la industria de la moda hacia las mujeres.
Los activistas pintaron siluetas con tiza en las puertas y repartieron información. Cuando lo hicieron ante el Bershka de la Rambla Nova, el personal de la tienda llamó a la policía, y se produjeron algunos disturbios. La policía denunció a tres de los activistas para atentar contra la autoridad, mientras que éstos denunciaron los agentes por detención ilegal, vejaciones, lesiones y amenazas. El juez archivó esta última denuncia.
Laia Estrada fue una de las activistas denunciadas. La joven entró como concejal por la CUP en 2015, junto con Jordi Martí. A pesar de la condena, ni ella y los otros dos activistas tendrán que entrar en prisión porque no tenían antecedentes. Desde el gobierno, sin embargo, alegan que la sentencia crea una "incompatibilidad" de Estrada para tener un cargo público.
