El Departamento de Justicia reducirá al mínimo la población penitenciaria reclusa en las cárceles de la Generalitat. Una vez aprobado el confinamiento domiciliario de una parte de los terceros grados, los centros penitenciarios estudian, ahora, uno por uno, la evolución y el pronóstico de los segundos grados con 100.2 -que incluyen los presos del proceso-, que salen de los equipamientos para trabajar, hacer voluntariado, formación, tratamiento o cuidado de personas mayores. Unas salidas que han quedado suspendidas desde el inicio de la emergencia sanitaria.
La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima ha dado instrucciones de extender la revisión de casos a los 100.2 tras un escrupuloso análisis jurídico. Justicia impulsa esta medida inédita, en el contexto de una emergencia sanitaria sin precedentes, y con una interpretación no restrictiva del Reglamento Penitenciario. Los principales criterios que las juntas de tratamiento de cada centro tendrán en cuenta para autorizar el confinamiento domiciliario de los 100.2 son, por un lado, que el pronóstico de reincidencia sea de nivel bajo; y, por otro, que dispongan de un domicilio.
Antes de la emergencia sanitaria, en el conjunto de los centros, había 157 segundos grados con un 100.2. Con la llegada de la pandemia, la Generalitat ha progresado 57 al tercer grado. Por lo tanto, ahora sólo quedan 101. El 100.2 es un artículo que permite combinar características del régimen de vida de diferentes clasificaciones. Se puede aplicar entre el segundo y el primer grado, o entre el segundo y el tercer grado. Cada año, el sistema penitenciario de Cataluña acumula 405 personas clasificadas con un 100.2 con características de entre el segundo y el tercer grado.
En caso de que las juntas de tratamiento lo crean oportuno, el confinamiento domiciliario de una parte de los 100.2 sería una nueva medida extrema para disminuir la acumulación de personas dentro de los centros penitenciarios y limitar la propagación del virus en el interior de los equipamientos. En caso de que se produzca este supuesto, las medida quedará automáticamente revertida una vez termine la emergencia sanitaria.
Los centros penitenciarios comenzarán la revisión de la población reclusa clasificada en segundo grado y con un 100.2 este mismo martes. A lo largo de esta semana, las cárceles celebrarán juntas de tratamiento extraordinarias para compartir las valoraciones y aprobar las medidas oportunas. En estos casos, las propuestas de las juntas de tratamiento serán de aplicación inmediata. Se trata de un procedimiento sin intervención de la Secretaría de Medidas Penales. La decisión de la junta va directo hasta la mesa del juzgado de vigilancia penitenciaria, que informa a la Fiscalía para que se posicione. Después, el juzgado de vigilancia decide si ratifica o tumba la propuesta que ha hecho la prisión. En caso de recurso, la última instancia es la audiencia de la demarcación. El recurso no suspende la aplicación.
El Departamento de Justicia estudia los 100.2 de acuerdo con el endurecimiento del confinamiento en todo el Estado y con el pronunciamiento reciente de las Naciones Unidas, en relación con la necesidad de reducir la población penitenciaria para evitar la propagación del virus en espacios comunes , cerrados y con acumulación de personas. Precisamente, el Departamento de Justicia ya trabaja en esta misma línea desde el inicio de la pandemia.
Antes de la emergencia sanitaria, los presos que dormían en casa cada día (86.4) eran 325 y sólo representaban el 19% de las 1.700 personas privadas de libertad y clasificadas en tercer grado. En cambio, desde el 13 de marzo, la Generalitat ha aplicado esta medida a 848 presos más, que equivalen a la mitad de los terceros grados. Por lo tanto, a estas alturas, ya hay un total de 1.174 reclusos en semilibertad que pasan el confinamiento en su casa, que son el 69% del conjunto de los terceros grados de las prisiones de la Generalitat.
