El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha cifrado en 995 millones de euros el impacto en el déficit consolidado de la Generalitat por la anulación de la adjudicación a Acciona del contrato de gestión del servicio de Aguas Ter-Llobregat, tras la decisión de la justicia.
No obstante, y en respuesta a una pregunta oral al Govern formulada por Ciutadans, el titular de Economía ha restado importancia al litigio que se ha abierto tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular la concesión de explotación a Acciona, que la Generalitat ha recurrido.
En la sesión de control del Parlament, Mas-Colell ha situado este litigio en la "normalidad" al tratarse de una práctica común, y ha precisado que pone de manifiesto el interés de varias empresas por hacerse con esta adjudicación.
"La Generalitat hará el papel que le toca en este litigio, y este gobierno intentará que esta situación perjudique lo menos posible en los ciudadanos", ha agregado el conseller. Ha defendido, además, que con esta concesión el Govern hubiese obtenido unos ingresos que habrían permitido "suavizar" los recortes sociales.
