La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado por desobediencia cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó; a veinte meses de inhabilitación especial para cargo público electo desde el ámbito local al supranacional y a pagar 30.000 euros de multa. Por otra parte, ha absuelto al ex diputada de la CUP, Mireia Boya, del delito de desobediencia al no darse las exigencias del tipo penal.
La sentencia sostiene que el delito de desobediencia en que se basa la condena solo pueden cometerlo quienes ostenten la condición de autoridad o funcionario público, pero agrega que “será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado”.
“Ese dominio –destaca- exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial (en este caso del Tribunal Constitucional), bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate”.