La Oficina Antifrau investiga un anticipo de 35 millones a un empresa intermediaria, Basic Devices, por parte de la Generalitat por la compra de mascarillas y batas de protección provenientes de China, durante la primera oleada de la pandemia, el 20 de marzo del 2020.
La Generalitat, de hecho, llegó a denunciar en marzo del 2020 a los Mossos d'Esquadra la falta de garantías de este proveedor, aunque tres días después la retiró y anunció que la entrega pactada se realizó en toda su totalidad. El director general de Política Financiera, Josep Maria Sánchez, declaró el 23 de marzo de 2020 a las nueve de la mañana en la comisaría de las Corts de Barcelona que la compañía había aportado la información "suficiente para refutar los indicios de estafa".
Sánchez trasladó a los Mossos un correo electrónico enviado por el entonces secretario general de Presidencia, Albert Castellanos, donde se manifiesta que "hoy los responsables de la empresa Basic Devices SL nos han aportado los detalles operativos referentes a logística, operaciones, y toda la operativa financiera nacional e internacional". "La información aportada es suficiente para refutar los indicios de estafa que habían motivado la denuncia presentada el pasado 20 de marzo y te oraría que pudiéramos retirarla", añade Castellanos en el correo enviado al director general de Política Financiera.
Josep Maria Sánchez también aportó una serie de documentación donde "consten las referencias de la SICAV a donde se ordenó una transferencia y las dos personas de contacto con las que los responsables de la empresa operan desde Luxemburgo para acreditar la naturaleza de las operaciones". Sin embargo, Antifrau considera que este pago se realizó "sin cobertura legal" y remarca que "se adelantó sin una justificación documentada sobre la necesidad de hacerlo" "y sin acreditar ninguna garantía" de la empresa contratista.
También destaca que no consta en el Registro Público de Contratos ningún contrato previo entre Basic Devices y la Generalitat, por lo que "no había referencias" previas de esta empresa, y tampoco consta el origen de los contactos entre la compañía y el ICS ni el contenido de los temas tratados previamente a la adjudicación a dedo. La empresa, además, no estaba inscrita en el sistema de la Seguridad Social, indica Antifraude, lo que contradice la normativa de los contratos públicos. El reglamento establece que todas las empresas licitadoras deben estar inscritas en la Seguridad Social. "Si se confirma, Basic Devices se encontraba en una situación de prohibición de contratar", apunta.
