El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Damià Calvet acumula dos fiascos durante su gestión al frente de la consejería: el BCN World y la regulación de los VCT que gestionan las compañías Uber y Cabify.
Una de las principales apuestas de la consejería, el macrocomplejo de ocio BCN World, se ha visto seriamente comprometido después de que el TSJC anulara parcialmente el proyecto este martes por el "riesgo de accidentes graves", debido a su proximidad al complejo petroquímico de Tarragona.
La sentencia compromete la viabilidad del proyecto y supone un revés judicial para la conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, ya que el Tribunal ha acabado dando la entidad ecologista que impulsó la demanda, -Grupo de Estudio y Protección los Escosistemes Catalanes-Ecologistas de Catalunya-.
La resolución concluye que la proximidad del futuro BCN World al polígono petroquímico de Tarragona hace "inviable" el proyecto por el "riesgo de accidentes graves" y considera "inadecuada" la ubicación de buena parte del proyecto al tratarse de una "zona de riesgo de accidentes graves, provenientes de la industria química".
La cesión ante las presiones de los taxistas de Barcelona por parte del consejero Calvet, que reguló por decreto el funcionamiento de los VTC -que gestionan las compañías Uber y Cabify- de una forma favorable al sector del taxi, también puede acabar teniendo un importante coste a las arcas públicas.
La desconexión de Uber y Cabify en Barcelona tras la regulación de Calvet contra este sector dejará a 3.000 trabajadores del sector sin trabajo, según denunció patronal del sector VTC, Unauto.
Especialistas en este sector del transporte ya avisaron que es muy probable que estas empresas sean las ganadoras de una considerable cantidad de demandas que, previsiblemente, presentarán los profesionales de los VTC contra la regulación decidida por Calvet.
Estas demandas se presentarán, según estas fuentes, por las limitaciones a la competencia y al libre mercado que implica la normativa de la Generalitat, y que pueden generar indemnizaciones económicas por una cantidad muy elevada.
