Las Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) han apoyado a los encausados del Penedès por delito electoral en vista de la segunda oleada de consultas sobre la independencia que se hará el 28 de febrero a 78 municipios. En un acto delante del Parlament de Catalunya Gerard Coca, portavoz nacional de las JERC, y Roger Fuentes, portavoz de las JERC-Alt Penedès y encausado por delito electoral, han explicado el proceso que el enjuiciado número 2 de Vilafranca había seguido contra 22 personas que recogían firmas en el marco de la campaña Decideixo Decidir, impulsada por la Plataforma por el Dret de Decidir, el 8 de marzo de 2008 durante la jornada electoral al Congreso y Senado españoles. "Es evidente que el independentismo es observado con lupa y marcado de cerca por un Estado español que ahora mismo se habría de ocupar de vencer la crisis económica en vez de continuar con sus delirios de grandeza imperial contra la nación catalana", ha dicho Coca.
Fuentes ha explicado que "lo que es paradójico es que las firmas se recogían en puntos bien alejados de los colegios electorales —por lo cual no interferían de ninguna forma verso el proceso electoral— y, el que es más incomprensible, es que mientras en algunos puntos del país la misma junta electoral sentenciaba que esta recogida de firmas no era ilegal, en otros puntos del país la de una jueza encausaba 22 personas por un supuesto delito que otros puntos del mismo país han decretado que no lo era".
Gerard Coca ha afirmado que "la justicia española es parcial y persigue causas por razones políticas, o ¿alguien se hubiera pensado que el enjuiciado número 2 de Vilafranca habría encausado estas 22 personas si en vez de pedir firmas por el derecho a decidir lo hubiera hecho por otra razón? Y una de las razones de encausarlos precisamente dos años después es porque hay una clara voluntad de frenar y reprimir el ejercicio del derecho a decidir a nuestros pueblos, villas y ciudades con las consultas sobre la independencia: un gran ejercicio democrático ante del cual el Estado español no tiene ni discurso ni argumentos".
