El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha avisado a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que "no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales sobre los plazos del ejecución de una sentencia ya firme ", después de que pidiera una aclaración sobre la pena impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que supone su inhabilitación.
Sin embargo Marchena, ha explicado este viernes a través de un escrito que en su auto "descartábamos cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación". "Así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad como ha sucedido en el presente caso". Un hecho que no cambia aunque "se haya acordado su sustitución por una pena de multa", según explica Marchena.
La defensa del diputado ya hizo anteriormente una petición de aclaración en la que afirmaban que en la sentencia se apreciaban "errores materiales manifiestos". La defensa de Alberto Rodríguez ya recibió respuesta por parte del Tribunal Supremo, pero aún así la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, optó por pedir una nueva aclaración.
