El juicio al proceso, después de los alegatos finales de los acusados, ha quedado este miércoles visto para sentencia. El futuro de los dirigentes independentistas presos, sin embargo, no sólo estará en manos del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno tendrá la facultad de indultar en caso de que no haya una sentencia absolutoria.
La ley de indultos, vigente en España desde hace más de dos siglos, no requiere que el condenado se tenga que arrepentir y permite que el indulto lo pueda solicitar cualquier otra persona, no necesariamente el encausado. Esta ley, de 1870, permitiría así que sea otra persona que no fuera el encausado quien pidiera esta medida. Además, no exige que, para concederle el indulto, el preso tenga que arrepentirse.
El artículo 19 de la ley establece que "pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación", es decir, un particular podría pedir el indulto de un condenado sin su arrepentimiento explícito. La norma no detalla más requisitos para pedir la medida ni establece la obligatoriedad de pedir perdón.
La legislación exige que, una vez hecha la petición, el tribunal en cuestión (Tribunal Supremo) debería emitir un informe -no vinculante- sobre la cuestión. Aunque la atribución se le concede formalmente al Rey, la decisión final sobre si conceder o no el indulto a un preso corresponderá al Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
