ERC ha anunciado una moción subsiguiente para instar al Parlament a apoyar a los cinco miembros que integraron la Sindicatura Electoral de Catalunya, y por los que la fiscalía ha solicitado una pena de dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones.
La Sindicatura Electoral de Catalunya estuvo integrada por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès; y los politólogos Jordi Matas y Tania Virgen. Además, había dos miembros suplentes: Jordi Costa, actual vicepresidente del Parlamento para JxCat; y Eva Labarta, abogada que defendió el exconseller Francesc Homs en el juicio por el 9-N.
El Parlament creó este organismo con el objetivo de que actuara como una Junta Electoral durante el 1-O, pero los cinco miembros y los dos suplentes dimitieron tras conocer por los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional C los sancionaba con una multa de 12.000 euros diarios, antes incluso de recibir las notificaciones del TC.
El Govern también pidió disolver la Sindicatura para evitar que los integrantes tuvieran que pagar las sanciones económicas. Una decisión que el Ejecutivo catalán tomó el día en que se informó de las multas que imponía el alto tribunal.
La portavoz de ERC, Anna Caula, ha afirmado este martes que la petición de la fiscalía es “un salto cualitativo en la represión”, porque “se extiende más allá del liderazgo político con la represión ahora en el mundo académico”. “Los miembros de la Sindicatura Electoral sólo cumplieron con tareas de control electoral, que son realizadas de forma rutinaria y habitual por politólogos y juristas”, ha señalado.
Caula ha afirmado que las actuaciones de este organismo “se llevaron a cabo con la legislación vigente”. “El Código Penal español no contiene ninguna disposición específica que prohíba la organización de un referéndum”, ha afirmado la portavoz de los republicanos, quien ha asegurado que el enjuiciamiento de los cinco integrantes de la Sindicatura es “espurio, no legítimo, no auténtico, falso”.
