Ninguno de los dirigentes del proceso ha asumido su responsabilidad por la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre ante la justicia. El último ha sido el consejero de Exterior, Berta Solé, que entonces era alcalde de Agramunt y que ante el magistrado presidente del TSJC, Jesús María Barrientos desmintió que hubiera desobedecido el Tribunal Constitucional (TC) y hubiera cedido el local de la guardería municipal para celebrar la votación, como sostiene la Fiscalía.
Según el ministerio público, Solé tuvo una "participación activa en la promoción y organización" del referéndum, hasta el punto que en varias ocasiones ocultar las urnas para evitar que las encontrara la Guardia Civil. El exalcalde aseguró que su Ayuntamiento firmó una declaración política a favor del 1-O, pero que una vez le fue notificada la orden del TC que le instaba a impedir o paralizar la votación no tomó ninguna decisión para facilitarla.
En cuanto al día de los hechos, dijo que se limitó a "preservar la seguridad y el orden público y la integridad de los equipamientos públicos" de su municipio. El acusado afirmó que actuó como "responsable de protección civil" y recriminó a los organizadores que escondieran las urnas el falso techo para que esto "podía dañar el edificio".
La actuación del entonces alcalde para favorecer la celebración del referéndum fueron descubiertas por la fiscalía a raíz de una publicación local, la revista Sió. Un artículo del director relataba cómo se había desarrollado la jornada de votación en Agramunt y atribuía a Barnat Solé un papel de "apoyo logístico".
El director de la revista matizó en su declaración que el alcalde se limitó a interesarse "por lo que estaba pasando". Además del director comparecieron dos redactores de la publicación que aseguraron que Solé no dio "ninguna instrucción" relativa a la consulta.
