El presidente de la Generalitat, Artur Mas, el vicepresidente primero del Parlamento, Lluís M. Corominas, el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, la fiscal jefe, Teresa Compte, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, firmaron en diciembre de 2012 una declaración contra la corrupción. Desde entonces CiU se ha visto afectada por los casos Palau, ITV, Pujol, los Crespo. Además, CDC también tiene su sede embargada por el caso Palau.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país adquirieron "el compromiso institucional de luchar juntos contra la corrupción y el fraude". El documento destaca que "Catalunya se ha alineado con el conjunto de países que han establecido mecanismos e instituciones de prevención y control del fraude".
Los firmantes se comprometieron a "seguir avanzando por los caminos de la transparencia y el buen gobierno, con el firme propósito de conseguir una sociedad mejor" y "emplear todos los medios y el poder a su alcance para promover la integridad y combatir la corrupción y el fraude en cualquier ámbito".
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, destacó que "Catalunya no es un país corrupto" aunque lamentó que "no estemos en máximos niveles de honestidad y transparencia" y consideró necesario tomar ejemplo de los países que, en este aspecto, "son mejores que nosotros".
El director de la OAC, Daniel de Alfonso, manifestó que hay motivos para sentirse "orgullosos, optimistas y seguros" porque "Catalunya pone el kilómetro cero en la lucha contra el fraude y la corrupción".
