El Gobierno español, que hace una semana recordó a Isabel Díaz Ayuso que las "leyes en España se cumplen" a raíz de las críticas al decreto de ahorro energético, mantiene silencio después de que el Tribual Supremo haya tumbado los proyectos educativos de dos escuelas catalanas y la Generalitat haya dicho que las sentencias son "inaplicables".
El Supremo tumbó este martes los proyectos lingüísticos de los colegios Bogatell de Barcelona y Josefina Ibáñez de Abrera (Barcelona) por no cumplir con un mínimo del 25% de castellano en la enseñanza, después de rechazar los recursos de casación de la Generalitat al considerar que "no se ha fundamentado suficientemente".
La secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, defendió ayer que la anulación es "inaplicable" ante el nuevo marco normativo aprobado por Govern hace algunas semanas, que rechaza los porcentajes y fija que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular y el castellano como lengua curricular.
Gomà manifestó en una entrevista en Catlaunya Ràdio que "el Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat", pero remarcó que "estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior".
"El lío deriva de que la justicia va muy lenta y hace sus procedimientos en años posteriores a las cosas. La realidad es mucho más rápida, mucho más dinámica y las sentencias llegan después, cuando ya hay un momento totalmente diferente", sentenció, y dejó claro que las escuelas de Abrera y Barcelona no deben hacer ningún cambio: "no la tienen que aplicar porque estas sentencias devienen inaplicables".
