El nuevo decreto de admisiones que prepara el Departamento de Educación prevé que el número de plazas de la escuela concertada se determine antes de saber cuántas familias quieren llevar a sus hijos, no después, lo que ha propiciado una fuerte oposición por parte de federaciones y asociaciones de padres y madres de la escuela concertada. Consideran que la normativa va en contra del derecho de escoger escuela y sin financiación para la redistribución de alumnos.
La Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (CCAPAC) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (FAPEL) han presentado este lunes en el Departamento de Educación las alegaciones al proyecto, que consideran "intervencionista", ya que "atribuye de facto a la Administración la determinación y el destino de los puestos escolares, prescindiendo de la voluntad familiar".
"El decreto pretende alterar la oferta con carácter previo, con el grave perjuicio del mantenimiento de puestos de trabajo en los centros concertados", alertan en una circular enviada a familias y profesores de los centros concertados.
José Manuel Prats, presidente de la FAPEL, Federación de Padres y Madres de AMPAS de Cataluña de la Escuela Concertada ha denunciado que "en el fondo, se está limitando la libertad de derecho de los padres de elegir escuela pública o concertada".
La escuela concertada critica también que el Decreto no asegura una mejor financiación y alertan que, si se reducen las plazas de las concertadas, puede estar "en peligro" parte de la estabilidad laboral de los trabajadores. Lamentan que el decreto no incorpore una financiación que ''compense la distribución del alumnado''. El decreto que prevé aplicar el Departamento de Educación surgió del Pacto Contra la Segregación Escolar.
