Una treintena de alcaldes de ERC han firmado este domingo en Sant Vicenç dels Horts una declaración para denunciar la existencia de “comandos parafascistas” en Catalunya y una “ola represiva” contra el independentismo.
“El Estado español ha desatado una ola represiva instrumentalizando el aparato judicial y permitiendo la intimidación de guerrillas parafascistas que han actuado impunemente en nuestras plazas y calles”, asegura el manifiesto.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha pedido al Ejecutivo español un “compromiso claro” para “acabar con esta impunidad contra el independentismo”.
Esquerra exige acabar con los ataques “en nuestras plazas y calles”, pero no dice nada sobre los actos vandálicos que han protagonizado los CDR o la CUP. El Govern, de hecho, sólo contabiliza 328 agresiones desde el 2017 que atribuye al “españolismo radical”.
El informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos concluye que hay una “aumento de las actuaciones violentas de la ultraderecha” y un “retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión” consecuencia “de los grupos que con una organización paramilitar van a pueblos de mayoría independentista”.
El estudio excluye, en cambio, los actos vandálicos de los grupos independentistas. De este modo, la Generalitat ignora los cortes de carreteras, el bloqueo de las vías del AVE o las pintadas en la entrada de la casa del juez Llarena que han hecho últimamente los grupos vinculados con la izquierda independentista.
