El conseller de Economia i Finances, Antoni Castells; la consellera de
Justícia, Montserrat Tura, y el conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, han presentado un conjunto de medidas que propondrán al Govern con el objetivo de evitar que se vuelvan a producir hechos parecidos. Se trata de 16 medidas para controlar de más cerca el destino final de las subvenciones que otorga el Govern tras el caso del Palau de la Música, cuando Fèlix Millet desvió más de 600.000 euros a la fundación de CDC.
El propio conseller Tresseras ha reconocido que la medida está hazaña para "restablecer la confianza" a raíz del escaso control con las subvenciones, tanto con CIU como con el tripartito, al Palau y que es una medida "ad hoc". En una comparecencia de casi una hora, los tres consellers han 'vendido', en efecto, dieciséis medidas contra el descontrol por aumentar la transparencia de las entidades, los requisitos para obtener subvenciones, el buen gobierno de las entidades y los mecanismos de control de la Intervenció General de la Generalitat. También a los nuevos requerimientos que afectan las fundaciones y las asociaciones.
Pero las medidas tomadas tienen por objeto controlar el destino final de las subvenciones porque no es pueda repetir otro caso Millet, pero no sobre la conveniencia o no de algunas de las propias subvenciones que otorga el Govern. Como en el caso de los informes -a los que la oposición sólo ha tenido acceso sin fotocopias-, el Ejecutivo no ve más allá.
Un ejemplo es el de las recientes subvenciones que otorgó la Secretaria General de Joventut a un sindicato del cual es miembro el propio secretario, Eugeni Villalbí. CCOO denunció este año presunto favoritismo, ya lo había hecho el año anterior, sin que el Govern se haya dado por aludido.
De hecho, la JSC también denunció en su día las subvenciones de la Secretaría General de Juventud, en manos de Esquerra, y el asunto llegó al Parlament, pero en la comisión correspondiente el tripartito votó sin fisures a una iniciativa de CIU.
Preguntado por e-notícies sobre este ejemplo concreto, Castells se ha limitado a decir que las medidas afectan "a todas las subvenciones otorgadas por el Govern", pero no ha entrado en el fondo de la cuestión. Mientras que la consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha afirmado por su parte que "en caso de conflicto de intereses hace falta presentar denuncia en los órganos que corresponda". Pero, en este caso, tampoco ha aclarado qué son "los órganos que corresponda".
