La ex consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha reclamado al conseller de Educación, Josep González-Cambray, que actúe "de acuerdo con las leyes” a pesar de que ella fue condenada hace cinco años por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia al Tribunal Constitucional en el juicio por organizar la consulta del 9-N.
La Sala Civil y Penal del TSJC, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2017, condenó a Rigau por desobediencia para el ejercicio de cargos públicos electos a 1 año y 6 meses de inhabilitación y a una multa de una multa de 24.000 euros. Artur Mas y Joana Ortega, presidente de la Generalitat y vicepresidenta respectivamente, también fueron condenados en ese juicio.
El tribunal remarcó en la sentencia que "no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el president de la Generalitat -Artur Mas- el día 14 de octubre de 2014, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre de 2014, sino, exclusivamente, la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014".
El TSJC concluyó en su sentencia que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del TC al mantener la consulta sobre la independencia del 9-N pese a la orden de suspenderla. La ex consellera presentó recurso en el Supremo y consiguió que le rebajaran un año la pena de inhabilitación.
Tras la suspensión cautelar del Constitucional del 4 de noviembre de ese año, se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señaló la resolución del tribunal.
