El Gobierno español ha guardado silencio sobre el hecho de que la justicia belga haya cuestionado al Tribunal Supremo y se haya cargado el espacio judicial europeo y la colaboración entre estados a través del sistema de euroórdenes en la resolución en la que rechaza la extradición del exconsejero de Cultura Lluís Puig.
A pesar de la contundencia de la resolución del tribunal belga contra el TS, que también cuestiona la separación de poderes en España, ni el ministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno ni ningún miembro del Gobierno español han salido en defensa del sistema judicial español ni se han posicionado al respecto. El Gobierno español tampoco ha llamado al embajador belga para abordar la situación ni consta que se haya contactado con el primer ministro belga, Alexander De Croo, para tratar el tema.
El Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó entregar al exconsejero y cuestionó abiertamente el Alto tribunal español, al que consideró "incompetente" para juzgar la causa y lo acusó de incumplir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio justo. Aparte de ratificar que el Supremo no es el órgano competente para pedir la extradición porque Puig ya no era una persona aforada cuando se tramitó la euroorden, el tribunal de apelación no considera que el Tribunal Supremo pueda dar suficiente garantías de imparcialidad en caso de juzgar el exconseller de Cultura. La euroorden fue emitida por el magistrado instructor de la causa de los hechos del proceso, Pablo Llarena.
El tribunal belga invocó al "derecho al juicio ordinario predeterminado por la ley" para considerar que el Supremo no era el tribunal competente para juzgar los hechos. El posicionamiento del tribunal de apelación también aleja la posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont sea extraditado si prospera el suplicatorio contra él en el Parlamento Europeo.
