La titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ha procesado el ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia por negarse a acatar la orden judicial de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los presos, ya que considera que incurrió en una "contumaz rebeldía" en su segunda causa.
La juez deja en Torra a un paso de juicio en su segunda causa por los lazos amarillos, al dar diez días a la Fiscalía y a las acusaciones que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles.
En su auto, que se puede recurrir, la juez concluye que Torra incurrió presuntamente en un delito "menos grave" de desobediencia por su "falta de acatamiento" a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le fue notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019, para que retirara del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta que había colgado el 27 de mayo de ese año para pedir la libertad de los "presos políticos y exiliados", con un lazo amarillo.
"Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado", advierte la juez, que subraya que la Oficina del President publicó un comunicado el 20 de septiembre de 2019, cuando ya había sido requerido personalmente para que acatara la orden judicial, manifestando expresamente que no retirarían la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat.
Esta segunda causa por desobediencia a Torra -tras la que le costó la inhabilitación por desoír a la Junta Electoral al no retirar a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en campaña electoral- se abrió en febrero pasado a raíz de una denuncia de la plataforma Impulso Ciudadano, que ejerce la acusación particular.
La orden dirigida a Torra la dictó en septiembre de 2019, como medida cautelar, la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda de Impulso Ciudadano que pedía que se descolgaran la pancarta y el lazo del balcón del Palau para mantener la neutralidad del edificio de forma permanentemente, no solo en período electoral.
