El Tribunal Constitucional advirtió en noviembre de 2019 al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, y Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, miembros indepednentistes de la Mesa; de las "responsabilidades penales" en las que "podrían incurrir" si tramitaban la propuesta de resolución en "respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo" en la que se reiteraba la defensa de la autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI.
La Fiscalía recuerda esta advertencia en la querella, admitida a trámite este miércoles ha aceptado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), contra los cuatro miembros de la Mesa por tramitar y sostmetre a votación esta resolución y una moción de la CUP.
La querella recoge el posicionamiento de Parlament, que incluía la resolución: "reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". Además, concretaba que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quiere los Diputados y diputadas la reprobación de la monarquía".
La Fiscalía también hace notar que a pesar de las "advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario general de Parlament, la expresa oposición del resto de miembros de la Mesa, y sabiendo lo ordenado y advertido por el Tribunal Constitucional, los querellados acordaron en nombre de la Mesa admitir a trámite la referida propuesta de resolución".
El Tribunal Constitucional, en efecto, anuló la declaración que hizo la cámara catalana contra el rey Felipe por su posicionamiento sobre el 1-O y en el que se pedía la abolición de la monarquía. El tribunal concluyó que esta declaración es inconstitucional porque el Parlamento no tiene competencias sobre la forma de estado.
El texto de la Fiscalía también incluye la tramitación y votación de una moción de la CUP, que también tumbó el TC, sobre el autogobierno donde el Parlament "expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo catalán".
