Por primera vez, un juez ha anulado la entrada de un ayuntamiento a la Associació de Municipis per la Independència (AMI). En una sentencia que se ha dado a conocer este viernes, el magistrado del Juzgado Contencioso número 1 de Tarragona ha anulado el acuerdo que se tomó en el pleno del Ayuntamiento de Reus en julio de 2015, con el que se confirmaba la entrada de este consistorio a la AMI.
Ante este acuerdo y el posterior decreto de alcaldía, los concejales de Ciudadanos (C's) en el consistorio reusense y la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) presentaron un recurso contencioso en el juzgado, que ahora ha sido estimado por el juez. En la sentencia se destaca que con la adhesión a la AMI, el Ayuntamiento de Reus está “incumpliendo la Constitución bajo el pretexto de una supuesta voluntad popular”.
El magistrado también destaca que esta adhesión responde a “una finalidad de interés común de los representantes políticos”, pero “en ningún caso es una finalidad de interés común de los vecinos de Reus, al tomar claramente partido por una opción política en detrimento de la otra, sobre una materia que no pertenece al ámbito de la competencia local”. Por ello declara la nulidad y condena al consistorio a pagar los costes del juicio, que son 300 euros.
Desde el AMI confirmaron a este medio que es la primera sentencia de este tipo que reciben, y han avanzado que, tanto ellos como el ayuntamiento de Reus, presentarán un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dentro de los siguientes 15 días. Desde la asociación ven injustificada la sentencia del juez y están convencidos de que el TSJC les dará la razón, como ha ocurrido en otras sentencias en contra como las que hacían referencia a la soberanía fiscal.
La adhesión del Ayuntamiento de Reus a la AMI fue aprobada en julio de 2015, con los votos de CDC, ERC, la CUP y Ara Reus. El PP y C's se opusieron. Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Sánchez, se mostró satisfecho por la sentencia, afirmando que “el objetivo de la AMI de romper con España es ilegal y anticonstitucional” y que la adhesión de Reus a esta entidad “supone un coste a las arcas municipales de 10.000 euros anuales”.
